Un nuevo y grave caso de presunta negligencia y desidia estatal ha salido a la luz, dejando al descubierto el abandono sistemático de recursos críticos para la salud pública. En el año 2018, el Ministerio de Salud (Minsa) desembolsó la suma de 16 millones 828 mil dólares para adquirir diez módulos móviles de atención ambulatoria de última generación. Gestionadas a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), estas clínicas itinerantes compuestas por semirremolques fueron concebidas para desplazarse de forma inmediata a zonas golpeadas por desastres naturales o emergencias sanitarias. No obstante, tras cumplir un rol temporal durante la pandemia del COVID-19 en 2020, las unidades quedaron paralizadas de forma progresiva desde 2022 ante la absoluta falta de un plan de mantenimiento.
Estado crítico de las unidades en Lima y Piura
Investigaciones periodísticas permitieron constatar las precarias condiciones en las que se encuentran los equipos. En Lima, específicamente en el Instituto Nacional de Salud (INS) de Chorrillos y en el centro de salud San Pedro de Carabayllo, los módulos permanecen a la intemperie sobre terrenos descampados; sus rampas hidráulicas, elevadores para pacientes, pisos y sistemas de ventilación presentan severos cuadros de corrosión, al punto de requerir soportes improvisados con maderas y ladrillos. La situación en Piura es aún más alarmante ante la inminencia del Fenómeno El Niño y el avance del dengue: en el Hospital Santa Rosa II y el Hospital de Apoyo de Paita, las estructuras sufren daños severos por el agua de lluvia, techos deteriorados y ventanas cubiertas con plásticos, siendo reducidas a meros depósitos de chatarra o estacionamientos para el personal.
Pérdida de equipos y anuncios de acciones legales
Ante la magnitud del daño patrimonial y operativo, el titular de la DIGERD, Julio Mijichich, confirmó que al menos el 30 % de los bienes y equipos biomédicos asignados originalmente a estos módulos se encuentran oficialmente perdidos al no ser hallados en las inspecciones de inventario. Tras este reconocimiento, el funcionario adelantó que la institución interpondrá acciones legales contra los responsables de la custodia de estos valiosos activos. Actualmente, de toda la flota comprada, solo dos unidades continúan prestando servicios médicos en Cusco y Nasca, mientras las ocho restantes permanecen inutilizadas, privando a miles de peruanos de una respuesta sanitaria oportuna.
