La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó asumir el pago de la defensa legal de su jefe, Piero Corvetto, en el marco de la investigación fiscal por la adjudicación de un contrato a la empresa Servicios Generales Galaga y las demoras en la distribución de material electoral durante los comicios del 12 de abril.
El beneficio fue solicitado por Corvetto bajo la Ley del Servicio Civil, que permite a funcionarios públicos contar con asistencia legal financiada por la entidad en procesos penales o administrativos. La resolución establece que la cobertura incluirá las etapas preliminar y preparatoria de la investigación por presunto delito de colusión.
El caso se centra en la adjudicación de un contrato de S/6 millones 300 mil a la empresa Galaga para el reparto de material electoral, servicio que registró retrasos que afectaron a diversos locales de votación en el sur de Lima. El Ministerio Público investiga si hubo irregularidades en la contratación.
Corvetto debía declarar ante la Fiscalía como testigo, pero solicitó la reprogramación de la diligencia y que esta se realice de manera virtual, en medio de las indagaciones que buscan esclarecer responsabilidades en el proceso de distribución del material electoral.
