
Con 83 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria. Esto deberá ser debatido nuevamente y ratificado, con la misma cantidad de votos, en una segunda legislatura. Desde el periodo 2026 los legisladores no podrán ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del propio Parlamento, salvo en casos de flagrancia.
La reforma, impulsada por la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), permitirá que los congresistas elegidos desde el periodo 2026 no puedan ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del propio Congreso, salvo en casos de flagrancia.

De acuerdo al dictamen aprobado, si un congresista incurre en un delito en flagrancia, el Congreso contará con un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre el pedido de levantamiento de inmunidad. Si no lo hace en 30 días, se aplicará el “silencio positivo”, permitiendo que el Poder Judicial actúe sin el aval legislativo.
Es de señalar que la norma excluye los delitos cometidos antes del inicio del mandato parlamentario, pero blinda a los legisladores durante su función y hasta 30 días después de dejar el cargo. Esta protección había sido eliminada en 2020 como parte de una serie de reformas promovidas en medio de una creciente presión ciudadana contra la impunidad política.


