El exmandatario Pedro Castillo presentó de manera formal una solicitud ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia para que se le conceda el beneficio de la gracia común, amparándose en la Constitución. En esta ocasión, la estrategia de su defensa ha dejado de lado los argumentos de salud o razones humanitarias para centrarse en una interpretación pro-persona sobre los límites de su detención provisional. El recurso sostiene que el periodo de reclusión iniciado tras su fallido golpe de Estado ha superado con creces los plazos máximos establecidos, debido a que el proceso penal se encuentra en fase de apelación y no registra una sentencia firme.
De acuerdo con el documento remitido al gobierno del presidente José María Balcázar, la defensa alega que el plazo de investigación compleja y su respectiva prórroga judicial vencieron formalmente en abril de 2024. Los abogados señalan que, incluso aplicando un criterio garantista extremo que duplique dicho parámetro temporal, el umbral máximo absoluto de su reclusión preventiva caducó definitivamente en diciembre de ese mismo año. Por tal motivo, el exjefe de Estado exige al Poder Ejecutivo la conmutación y la inmediata anulación de la orden de prisión preventiva que cumple actualmente en el penal de Barbadillo.
El principal sustento internacional de este polémico pedido radica en un reporte del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, el cual calificó el quiebre constitucional de 2022 como un «acto simbólico» amparado en la libertad de expresión.
