El Poder Judicial ordenó el archivo de una de las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir seguida contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, relacionada con presuntos aportes ilícitos de la constructora Odebrecht para su campaña presidencial del 2011.
La decisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exmandatario. Según la resolución, no se configuró el delito de lavado de activos debido a que los fondos investigados fueron canalizados a través del sistema financiero formal, lo que permitió rastrear su origen.
La investigación fiscal sostenía que Odebrecht habría entregado aproximadamente US$300 mil para financiar la campaña presidencial de Kuczynski mediante transferencias y aportes realizados a través de terceros y falsos aportantes. Además, se cuestionó una transferencia de US$50 mil efectuada desde la empresa Westfield Capital Ltd. hacia una cuenta vinculada a gastos de campaña.
Sin embargo, el magistrado concluyó que no existió intención de ocultar el origen ilícito del dinero, elemento clave para configurar el delito de lavado de activos. En ese sentido, señaló que las operaciones se realizaron mediante entidades bancarias como JP Morgan y Scotiabank, lo que permitía seguir la trazabilidad de los fondos.
“El hecho de que el dinero se haya movilizado a través de cuentas personales no dificultó su descubrimiento, pues los pagos fueron realizados mediante el sistema bancario”, precisa la resolución judicial, en línea con recientes criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema.
Pese a esta decisión favorable para el exjefe de Estado, aún continúan vigentes otras investigaciones y acusaciones fiscales en su contra por presunto lavado de activos y organización criminal vinculadas a pagos de Odebrecht y otras empresas por proyectos de infraestructura y consultorías.
Entre los procesos pendientes figura una acusación fiscal que solicita 35 años de prisión contra Kuczynski por presuntamente integrar una organización criminal que habría recibido más de US$12 millones de Odebrecht a través de asesorías y consultorías relacionadas con proyectos como Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.
Asimismo, la fiscalía le atribuye el presunto blanqueo de más de US$3,4 millones provenientes de supuestos actos de corrupción vinculados a empresas del sector hidrocarburos y petrolero entre 1966 y 2015.
La resolución judicial podría convertirse en un precedente importante para otros casos similares, especialmente aquellos en los que los fondos investigados fueron bancarizados. Analistas consideran que otros políticos procesados por lavado de activos podrían solicitar el archivamiento de sus investigaciones bajo el mismo criterio jurídico.
