El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para archivar la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de los aportes recibidos durante su campaña presidencial del año 2016.
La decisión fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo, quien declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa del exmandatario. Con esta solicitud, los abogados de PPK buscaban el sobreseimiento definitivo y el cierre de este extremo del proceso penal.
El caso se originó luego de que, en diciembre de 2018, cinco ciudadanos que figuraban como aportantes del entonces partido Peruanos por el Kambio negaran haber entregado dinero para la campaña presidencial del 2016. A partir de esas declaraciones, el Ministerio Público sostuvo la hipótesis de presuntos aportes falsos y posible ingreso irregular de dinero al financiamiento electoral.
Durante la audiencia, la defensa de Kuczynski alegó que la imputación fiscal vulneraba el principio de legalidad. Según sus abogados, los hechos atribuidos no configuraban lavado de activos, pues no se habrían acreditado actos concretos de conversión, transferencia u ocultamiento de dinero, ni se habría identificado un delito fuente.
Sin embargo, la jueza Salcedo desestimó estos argumentos y sostuvo que los hechos descritos por la Fiscalía sí se adecuan al tipo penal de lavado de activos, conforme al Decreto Legislativo 1106, bajo las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento. Por ello, dispuso que la investigación continúe bajo la hipótesis planteada por el Ministerio Público.
Con esta resolución, PPK deberá seguir afrontando las pesquisas fiscales dentro de la etapa preparatoria. Además del presunto delito de lavado de activos, en este proceso también se le atribuye el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, según los argumentos del Ministerio Público.
La decisión judicial complica nuevamente el panorama legal del exmandatario, quien mantiene diversos procesos vinculados a presuntos aportes irregulares y financiamiento de campañas. No obstante, el rechazo del archivo no representa una condena, sino la continuidad de la investigación para que la Fiscalía siga recopilando elementos de convicción y determine los siguientes pasos del proceso.
El caso seguirá en manos de las autoridades judiciales y fiscales, que deberán establecer si los aportes cuestionados a la campaña del 2016 tuvieron origen lícito o si formaron parte de una presunta estructura de financiamiento irregular.
