El Poder Judicial desestimó la solicitud presentada por la expresidenta Dina Boluarte para suspender los efectos de la vacancia por incapacidad moral aprobada por el Congreso en octubre de 2025. La decisión fue adoptada por la Primera Sala Constitucional de Lima, que consideró improcedente la medida cautelar planteada por su defensa.
La exjefa de Estado argumentó que durante el proceso parlamentario se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley. Según sus abogados, Boluarte fue notificada con escaso tiempo para responder a las mociones de vacancia, situación que habría limitado su capacidad de ejercer una defensa adecuada ante el Parlamento.
No obstante, el tribunal concluyó que los cuestionamientos expuestos requieren una evaluación de fondo dentro del proceso de amparo y no pueden resolverse mediante una medida cautelar. Los magistrados señalaron que aceptar el pedido habría significado modificar los efectos de una decisión constitucionalmente adoptada por el Congreso, razón por la cual la solicitud fue rechazada.
