El suboficial de la Policía Nacional, Wilfredo Oscco Ludeña, procesado por el homicidio calificado de Denilson Huaraca durante las protestas de 2023 en Andahuaylas, solicitó formalmente que su caso pase al Fuero Militar Policial. Este requerimiento marca un precedente judicial, al ser la primera vez que un agente invoca la recién promulgada Ley 32735 para librarse de los tribunales ordinarios. Su defensa argumenta que los hechos ocurrieron en estricto cumplimiento de sus funciones para desbloquear vías durante un estado de emergencia.
Ante esta controversial maniobra legal, especialistas en derechos humanos han levantado su voz de protesta advirtiendo un grave peligro de impunidad. El abogado Carlos Rivera del IDL y la excomisionada de la CIDH, Julissa Mantilla, criticaron duramente la normativa y su aplicación. Ambos expertos coinciden en que los presuntos abusos contra civiles nunca deben ser evaluados por tribunales conformados por las mismas fuerzas del orden, instando a los magistrados a inaplicar esta medida por ser abiertamente inconstitucional.
Como respuesta al rechazo generalizado que ha generado este paquete normativo, desde el ámbito legislativo ya se impulsan medidas correctivas. La bancada de Ahora Nación, a iniciativa del diputado César Augusto Holguín Loaiza, presentó recientemente un proyecto de ley para derogar de manera integral este marco legal catalogado como «leyes pro crimen». La propuesta busca restituir urgentemente las capacidades investigativas y penales del Estado frente a violaciones de derechos humanos, corrupción y redes criminales.
