El sistema electoral peruano suele ser percibido como lento debido al riguroso procedimiento legal que se activa tras el cierre de mesas. Cuando un acta de votación resulta impugnada u observada, esta no ingresa al cómputo global de la ONPE, sino que es derivada a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Este proceso de fiscalización incluye la programación de audiencias públicas, emisión de resoluciones locales y un período obligatorio de tres días que permite a los personeros legales apelar ante el pleno del JNE.
La ralentización del conteo oficial se agudiza drásticamente cuando los organismos electorales deben procesar un volumen masivo que supera las mil actas observadas en simultáneo. A este complejo escenario procesal se suma la figura del «recuento de votos», una modalidad que exige a la ONPE almacenar y custodiar los votos físicos para que el JEE reabra las ánforas. Toda esta carga administrativa, que suele pasar desapercibida en elecciones con amplias ventajas, se vuelve sumamente visible y genera incertidumbre durante una segunda vuelta.
Por el contrario, la legislación de Colombia logra mitigar la ansiedad ciudadana mediante la implementación de una herramienta técnica denominada «preconteo». Este mecanismo permite a los jurados de votación reportar de forma inmediata el total de los votos en bruto a la Registraduría para difundir una tendencia veloz al 100%. Aunque estos datos iniciales son meramente informativos y carecen de valor jurídico vinculante, ofrecen un panorama claro mientras las comisiones escrutadoras resuelven las impugnaciones reales.
