La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, hizo un enérgico llamado a las autoridades del próximo gobierno para revisar y derogar urgentemente las cuestionadas normas denominadas «procrimen». Durante el aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, recordó que la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció previamente que evaluará estas disposiciones legales. En esa línea, Tello enfatizó que las recientes reformas legislativas han debilitado de manera alarmante la capacidad del Estado para perseguir, incautar y desmantelar el patrimonio ilícitamente obtenido por las mafias.
La magistrada cuestionó con dureza la Ley N.º 32326, la cual impone que los procesos de extinción de dominio queden supeditados obligatoriamente a la existencia de una sentencia penal firme. Según explicó, esta exigencia desnaturaliza por completo la esencia jurídica de la recuperación de activos y genera un severo retroceso institucional. Asimismo, advirtió que dicha normativa le da la espalda a compromisos globales adoptados por el país, contraviniendo directamente los tratados internacionales de Viena, Palermo y Mérida, así como las recomendaciones del GAFI.
Finalmente, Tello alertó sobre las graves consecuencias operativas y económicas de esta norma, al truncar la celeridad judicial y reintroducir trabas burocráticas que benefician a la delincuencia. Explicó que este entorpecimiento procesal ha disminuido drásticamente la eficacia en la desarticulación financiera del crimen organizado y la incautación de sus fortunas. Como evidencia de este perjuicio, reveló que solo en el transcurso del año 2025 se afectó la recuperación de alrededor de 50 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.
