Presidente Balcázar observa ley de límites territoriales entre Moquegua y Tacna

El presidente Balcázar devolvió la autógrafa al Congreso planteando modificaciones técnicas, en medio de un paro indefinido con bloqueos.

El Poder Ejecutivo decidió observar la Ley N.° 11658, una norma que buscaba el saneamiento de los tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre (Tacna), devolviéndola al Congreso de la República para una nueva evaluación. El documento oficial, firmado por el presidente de la República, José Balcázar, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, plantea precisiones geográficas específicas a la disposición complementaria de la autógrafa, amparándose en el artículo 108 de la Constitución. La propuesta del Gobierno busca detallar puntualmente cuáles son los distritos de la provincia de Candarave (Camilaca, Cairani y Huanuara) involucrados en la colindancia con Jorge Basadre (Ilabaya).

La observación del Ejecutivo coincidió con el inicio de un paro indefinido acatado con rigurosidad en la región Moquegua. Desde la madrugada del martes 30 de junio, manifestantes bloquearon de forma total el estratégico Puente Montalvo mediante la colocación de rocas y la quema de objetos, interrumpiendo el tránsito vehicular. La ciudadanía y las organizaciones sociales moqueguanas exigen el archivo o modificación de la ley al considerar que el texto aprobado por el Parlamento el pasado 23 de junio vulnera su soberanía regional.

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La principal alerta técnica proviene del Gobierno Regional de Moquegua. La gobernadora Gilia Gutiérrez denunció públicamente que las coordenadas fijadas en el proyecto, el cual nació originalmente en junio de 2025 bajo la gestión de Dina Boluarte para ordenar límites internos de Tacna, terminaron invadiendo la zona de Quebrada Honda, en el distrito de Torata (Mariscal Nieto). Según la autoridad, la falta de consulta previa provocó un vicio en el procedimiento que arriesga no solo la pertenencia de los comuneros locales, sino también la futura distribución de los recursos económicos derivados del canon minero, abriendo un conflicto que ahora el Parlamento deberá volver a debatir.

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