
En un oficio enviado el 4 de mayo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, los congresistas argumentan que es necesario garantizar la transparencia del proceso y que se habrían vulnerado derechos ciudadanos durante la votación.
El pedido incluye que la proclamación de resultados quede suspendida hasta conocer el resultado de una auditoría realizada por una firma internacional, en reemplazo del comité académico propuesto por el organismo electoral.
La Renovación Popular propone que la revisión sea realizada por empresas como PwC, EY, KPMG o BDO, argumentando que solo entidades con trayectoria internacional pueden garantizar imparcialidad, independencia y credibilidad.
El documento lleva la firma de diez congresistas, entre ellos Alejandro Muñante, Norma Yarrow y Patricia Chirinos, quienes sostienen que el proceso electoral debe ser revisado para proteger la voluntad popular y restaurar la confianza en las instituciones.
Esta postura coincide con la del líder del partido, Rafael López Aliaga, quien ha denunciado inconsistencias en mesas de votación y presuntas vulnerabilidades en el sistema electoral, calificando el proceso como un “atentado a la voluntad popular”.


