
Una investigación periodística reveló que al menos siete jóvenes accedieron a contratos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sin contar con experiencia en el Estado ni estudios registrados en la SUNEDU. La mayoría tampoco estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) al momento de ser contratada, requisito indispensable para prestar servicios al Estado.
Todos los casos tienen un elemento en común: reuniones previas con el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, en su despacho. Uno de los más llamativos es el de Lucienne Cabanillas, de 22 años, quien se reunió hasta en tres oportunidades con el funcionario antes de recibir una orden de servicio superior a los 8 mil soles.
Las órdenes asignadas contemplaban funciones genéricas como “asistencia administrativa” o “seguimiento de expedientes”, con montos que iban desde los 3 mil hasta los 10 mil soles. En ninguno de los casos se sustentó públicamente un perfil técnico ni experiencia previa que justificara las contrataciones.
Iván Paredes Yataco asumió la presidencia del INPE en julio de 2025 y se mantiene en el cargo pese a cuestionamientos por denuncias fiscales previas y su cercanía al poder político. Consultados por América Noticias, varios de los jóvenes evitaron dar explicaciones, mientras que algunos regularizaron su inscripción en el RNP recién después de haber sido contratados, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.


