Ocho empresas de seguridad privada que operaron en Trujillo tuvieron entre sus fundadores a personas investigadas por extorsión, tenencia ilegal de armas y otros delitos, según una investigación difundida por La Encerrona. Algunas compañías continuaron funcionando incluso después de las detenciones de sus propietarios.
Security Cordova, creada en 2017, tuvo como fundador a un presunto lugarteniente de una banda que cobraba cupos a transportistas a cambio de seguridad, según la PNP. Tras su detención, la empresa continuó activa durante dos años más.
Optimus, constituida en 2024, tuvo como fundador a un presunto integrante de «Los Feos de Alto Trujillo», quien había sido detenido en 2020 por presunta tenencia ilegal de armas. La compañía permaneció activa hasta enero de 2026.
Roncales Security, fundada en 2024, tuvo a sus propietarios procesados por presuntos vínculos con «Los Parqueros de Pataz». Uno recibió prisión preventiva en 2025, año en que la empresa fue dada de baja.
Expert Security G & M, creada en 2022, tuvo entre sus fundadores a un detenido por presuntamente integrar «Los Terribles de Huanchaco». La compañía continuó activa hasta enero de 2025.
Seguridad Urpi, constituida en 2021, tuvo como cofundador a un hombre intervenido en 2019 con una placa vehicular falsa y un arma sin licencia, según la Policía. Su empresa fue dada de baja en 2026.
Servicios Generales El Arca JR., fundada en 2020, tuvo a su propietario bajo prisión preventiva por presunta captación de menores para explotación sexual. La compañía permaneció activa hasta enero de 2025.
Protal JYS, creada en 2021, tuvo a sus dos fundadores detenidos en 2023 por presuntamente integrar «Los Chalecos de Huanchaco», banda investigada por invasión de terrenos. Según lo reportado por La Encerrona, la compañía todavía figura activa en Sunat.
Finalmente, Defence-T.R. tuvo como fundador a un hombre intervenido durante una presunta fiesta clandestina de «Los Ochenta» y señalado por la PNP como supuesto cabecilla de «La Gran Alianza». La investigación difundida le atribuye una condena de diez años por extorsión en septiembre de 2026. También reporta que la empresa sigue activa en Sunat y cuenta con autorización vigente de Sucamec, datos pendientes de corroboración independiente.
