La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple su tercer día de toma estudiantil en rechazo al proyecto de ley que permitiría la reelección inmediata de rectores, vicerrectores y decanos en las universidades públicas del país. La medida de protesta, impulsada por estudiantes y gremios universitarios, inició el pasado 12 de mayo con una movilización dentro del campus y se mantendría hasta este jueves 14 de mayo, fecha en la que el Congreso debatiría la denominada “Ley Jerí Ramón”.
Los estudiantes exigen elecciones presenciales para el rectorado y los representantes estudiantiles, además del archivamiento definitivo del proyecto de ley N.° 12736 que aprobaría reelección de rectores. También reclaman la reducción de la valla electoral del 20 %, al considerar que limita la participación de minorías dentro del cogobierno universitario. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) cuestionó que la propuesta legislativa avance rápidamente en el Parlamento y sostuvo que favorecería directamente a la actual rectora, Jerí Ramón.
La toma del campus obligó a diversas facultades, entre ellas Medicina, Letras, Derecho y Odontología, a suspender sus actividades presenciales y migrar temporalmente a la modalidad virtual. El cierre de puertas y la restricción de acceso continúan mientras los estudiantes mantienen vigilias y asambleas dentro de la ciudad universitaria.
El proyecto de ley propone modificar la Ley Universitaria para permitir la reelección inmediata de autoridades, incluso en procesos electorales ya convocados, situación que ha generado rechazo en distintos sectores académicos. Organizaciones estudiantiles, docentes, decanos y rectores de universidades públicas advirtieron que la iniciativa afectaría la autonomía universitaria y favorecería el continuismo en el poder.
En medio de la crisis, la rectora Jerí Ramón pidió a los alumnos levantar la toma para iniciar una mesa de diálogo. Posteriormente, el Consejo Universitario acordó conformar una comisión para buscar una salida al conflicto. Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la abogada Delia Espinoza solicitaron evitar el uso de la fuerza ante un eventual desalojo.
Asimismo, el partido Adelante Pueblo Unido (APU), expresó públicamente su respaldo a las protestas estudiantiles y pidió archivar el proyecto legislativo. El debate de la norma en el Congreso podría realizarse este jueves, pese a que inicialmente no figuraba en agenda.
