El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) revela que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) sí adjudicó la buena pro de un contrato valorizado en casi S/2 millones al Consorcio Vial R&K, contradiciendo la versión brindada por la gestión del alcalde Mario Reyna, que aseguró mediante nota de prensa que dicha adjudicación no se había concretado.
«El alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez precisó que no se adjudicó la buena pro en el concurso público N.° 03-2025-MPT-C-1 al Consorcio Vial R&K para ejecutar el “Servicio de mejoramiento y conservación vial preventivo del sistema vehicular”, como informan falsamente en algunas páginas de redes sociales», dice la nota de prensa de la MPT
Las publicaciones hechas no se ajustan a la verdad. Parece que no cruzaron información para contrastar o verificar. Quizá haya terceros interesados en confundir, como suele ocurrir, dijo.
Sin embargo, según el acta de otorgamiento de la buena pro publicada en el SEACE, el comité de selección declaró ganador al Consorcio Vial R&K el 11 de mayo de 2026, luego de obtener el puntaje máximo de 100 puntos en el proceso de contratación para el servicio de mejoramiento y conservación vial.
Se corroboró que se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) llevando la firma del comite de selección designado por la MPT que lo integraban: Hugo Paul Andrews García Zavala, presidente titular; Jorge Manuel Moscol López, primer miembro titular y Fredy Williams Varas Pereda, segundo miembro titular.
La documentación oficial también señala que la buena pro quedó consentida el 25 de mayo, con lo que el procedimiento avanzó conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.
Sin embargo, más de un mes después, la Municipalidad Provincial de Trujillo declaró la nulidad del proceso mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 586-2026-MPT/GM, emitida el 24 de junio luego de ser notificados por Contraloría de La República.
La resolución sustenta la decisión en observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, que advirtió presuntas irregularidades en la evaluación de la experiencia acreditada por el consorcio ganador durante el proceso de selección.
Como consecuencia, la comuna dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa de actuaciones preparatorias para reformular el requerimiento técnico del servicio antes de convocar nuevamente el proceso.
La información registrada en el SEACE evidencia que la adjudicación sí se produjo y que la nulidad fue una medida adoptada posteriormente, lo que ha generado cuestionamientos sobre las declaraciones emitidas por la administración municipal respecto al desarrollo de este proceso de contratación.
