Los miembros del nuevo gabinete ministerial, bajo el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, entregaron sus declaraciones juradas y hojas de vida revelando una situación política sumamente compleja. Catorce de los altos funcionarios designados registran investigaciones fiscales, procesos judiciales o diversas acusaciones constitucionales que aún se mantienen vigentes. Entre los casos más resaltantes figura el del actual presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien declaró formalmente enfrentar indagaciones por presuntos delitos de lavado de activos, financiamiento irregular, abuso de autoridad y organización criminal.
La lista de altos funcionarios con procesos vigentes continúa con el titular de Agricultura, Marco Vinelli, investigado por presunta colusión y concusión en directo perjuicio del Estado. Asimismo, en la cartera de Vivienda, Mauricio Arnillas declaró una condena ya rehabilitada por lesiones culposas. El estratégico sector Interior es liderado por César Astudillo, quien consignó indagaciones por presunto peculado; mientras que Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, reportó mantener hasta diez investigaciones en pleno trámite administrativo, aunque evitó brindar mayores detalles sobre la naturaleza exacta de dichos procesos.
Finalmente, en la cartera de Justicia, Ernesto Álvarez cumplió con informar sobre una acusación constitucional que recae en su contra, omitiendo especificar el presunto delito cometido. Por su parte, el actual ministro de Cultura, Alberto Beingolea, reportó delicadas investigaciones por colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, reportó casos de presunto cohecho, mientras que José Chang, de Educación, declaró ocho procesos por lavado de activos, usurpación de funciones y asociación ilícita. A ellos se suma Luis Dyer, ministro de Salud, quien consignó formalmente investigaciones fiscales vinculadas a la falsificación de documentos y declaraciones falsas. Vladimir Huaroc, ministro del Ambiente del Gobierno de Keiko Fujimori, declaró 51 investigaciones, una de las cifras más altas entre los integrantes del gabinete.
La situación legal compromete también a Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, quien admitió tener diez investigaciones en su contra por abuso de autoridad, negociación incompatible, lavado de activos y distintos delitos ambientales. Por su parte, el titular de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, declaró un caso judicial por presuntos delitos contra la fe pública. Finalmente, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, registró serias acusaciones por tráfico de influencias y colusión agravada, reflejando así un complejo panorama judicial para estas altas autoridades.
