El Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote “José Olaya Balandra” (JOB) expresó su rechazo a las declaraciones del juez supremo Manuel Luján Túpez, quien comparó a los pescadores industriales con grupos terroristas. El gremio calificó estas afirmaciones como una muestra de desconocimiento sobre la actividad pesquera y su regulación en la Ley General de Pesca.
César Córdova Ponce, abogado del sindicato, destacó la importancia de la pesca industrial en la economía nacional. “Representamos el 2 % del PBI nacional y generamos miles de empleos. Tratarnos como delincuentes vulnera la dignidad de los pescadores”, señaló. Además, consideró inaceptable que se criminalice una actividad legal y regulada, afectando el sustento de miles de familias.
El sindicato también cuestionó la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo 1373), señalando que su aplicación arbitraria ha impedido que muchas familias puedan trabajar. “En el 2024, su mala aplicación impidió que decenas de familias salieran a pescar, afectando la captura de miles de toneladas de anchoveta”, denunció Córdova.
El abogado calificó la norma como una “confiscación encubierta” que atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad.
Asimismo, los pescadores respaldaron la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra esta ley, la cual consideran abusiva y perjudicial para el sector pesquero. Exigieron que el Tribunal Constitucional se pronuncie con justicia y evite más afectaciones a trabajadores honestos.
El sindicato exhortó al Congreso a intervenir de inmediato para evitar futuras incautaciones injustificadas. Advirtieron que estos precedentes pueden generar graves consecuencias laborales y pidieron una acción legislativa que proteja sus derechos y fuentes de trabajo.