Un grupo de abogados venezolanos residentes en el exilio presentó una petición formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se inicie una nueva investigación penal contra el exlíder venezolano Nicolás Maduro por presuntos actos de tortura, entre otros delitos graves.
La solicitud, introducida el 4 de enero luego de que Maduro se encontrara en territorio estadounidense, plantea que, bajo la legislación penal federal de ese país, la tortura cometida fuera de su jurisdicción puede ser investigada si el presunto responsable está físicamente en Estados Unidos.
Según el grupo de abogados, incluido el jurista Kelvi Zambrano, existen informes y testimonios que demostrarían que “muchas personas murieron bajo custodia del Estado como consecuencia de torturas” durante el gobierno de Maduro, lo que, de comprobarse, podría calificar como delito agravado bajo el código estadounidense.
La legislación federal de Estados Unidos establece que la tortura puede acarrear penas de hasta 20 años de prisión; sin embargo, si se demuestra que las víctimas murieron como resultado de esos abusos, las sanciones podrían extenderse hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte, según la normativa aplicable.
La petición de los abogados no se suma al proceso por narcotráfico y corrupción que ya enfrenta Maduro en tribunales estadounidenses, sino que implicaría un procedimiento independiente que deberá ser evaluado por las autoridades judiciales y fiscales para determinar si procede la apertura de cargos y la recolección de pruebas que sustenten una acusación formal.
