
Según las cifras oficiales, de 671 solicitudes de expulsión presentadas contra efectivos que cometieron faltas graves, el Tribunal de Disciplina Policial únicamente ha logrado resolver 100 casos, lo que representa un avance mínimo frente a la demanda de sanción. Esta problemática no es nueva; ya en 2025, de un acumulado de 1.500 solicitudes, solo se calificaron entre 450 y 500, evidenciando una capacidad de respuesta que apenas alcanza el 30% del total de expedientes pendientes.
El exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, ha cuestionado duramente que el Tribunal de Disciplina Policial esté integrado por civiles ajenos a la operatividad policial, argumentando que esto resta rigor y celeridad a las decisiones. La complejidad del procedimiento, sumado al derecho constitucional al debido proceso, que permite a los investigados dilatar los casos mediante apelaciones, termina a menudo en la anulación de sanciones o, peor aún, en la reincorporación de efectivos corruptos vía judicial, lo cual obliga al Estado a pagar indemnizaciones costosas.
Ante este panorama, el Comando Policial y el Ministerio del Interior han intentado implementar medidas de reestructuración, creando órganos de integridad y reforzando la Ley 30714 bajo una política de «tolerancia cero». No obstante, especialistas como el inspector general Gustavo Ríos reconocen que el sistema actual resulta excesivamente «garantista» con los infractores.


