El Tribunal Constitucional (TC) declaró constitucional la Ley 31751, conocida como Ley Soto, que establece que la suspensión del plazo de prescripción penal no puede superar un año. La decisión confirma la vigencia de la norma aprobada por el Congreso y obliga a jueces y fiscales a aplicarla en los procesos en curso.
En su sentencia, el TC precisó que el legislador tiene competencia para regular los plazos de prescripción como parte de la política criminal del Estado y que la ley no vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional ni al debido proceso. El tribunal destacó que la prescripción cumple una función constitucional al limitar el poder punitivo del Estado y evitar que los procesos penales se prolonguen indefinidamente.
Con la nueva regulación, varios expedientes deberán ser recalculados bajo el tope máximo de un año para la suspensión de prescripción. La demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley fue declarada infundada, con seis votos a favor y uno en contra. El único voto disidente correspondió al magistrado Manuel Monteagudo.
El fallo ha generado debate, ya que la Ley Soto beneficiaría directamente a personajes como Alejandro Soto, Martín Vizcarra y Vladimir Cerrón, al acortar los plazos en procesos penales que les afectan.
