El Ejecutivo promulgó la Ley N.º 32523, que incorpora el delito de arrojo indebido de residuos sólidos en ríos y quebradas. La norma, publicada el 10 de diciembre de 2025, añade el artículo 125-A al Código Penal e impone sanciones para quienes generen riesgo grave a la vida o la salud mediante esta práctica.
La legislación establece penas de dos a cuatro años de cárcel, ampliándose hasta seis años si se emplea maquinaria pesada o se afecta infraestructura pública. Su objetivo es fortalecer la protección ambiental y prevenir daños a los cauces naturales.
La norma se aprueba en un contexto de alta presión sobre los recursos hídricos. La Autoridad Nacional del Agua advierte que la expansión agrícola, el crecimiento urbano y el cambio climático elevan los conflictos por el agua, mientras prácticas como el vertimiento de residuos deterioran la calidad y disponibilidad del recurso.
Según la ANA, el uso agrícola concentra cerca del 80% del consumo con baja eficiencia, y varias cuencas presentan déficits estacionales. El organismo señala que el éxito de la nueva ley dependerá de su adecuada implementación para reforzar la gestión sostenible y la defensa de los ríos.
