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martes 16, julio 2024

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Trujillo: Contraloría detecta direccionamiento en compra de 59 vehículos de serenazgo

Seis funcionarios de la gestión del exalcalde José Ruiz de la MPT tendrían responsabilidad penal y administrativa, sujeta a la potestad sancionadora de la CGR.

Examen de Admisión UCT Trujillo Perú

La Contraloría General de la República (CGR) halló presunta responsabilidad penal y administrativa en seis funcionarios de la gestión del exalcalde José Ruiz en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) que participaron en los procedimientos de selección para la adquisición e implementación de 59 vehículos de seguridad ciudadana.

Hechos irregulares

El informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 055-2023-2-0424-AC reveló que el exsubgerente de Obras y Supervisión remitió al exgerente de Obras Públicas, los pedidos de compra de dichos vehículos con especificaciones técnicas que no correspondían.

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Las especificaciones técnicas adjuntas modificaban las dimensiones (ancho – altura) y peso, motor y transmisión, carrocería, equipamiento interior y exterior de los vehículos, con lo cual se excluyó la participación de dos empresas concesionarias que comercializan determinadas marcas de vehículos.

Asimismo, los tres miembros titulares del Comité de Selección dieron conformidad a las bases estándar de la licitación pública difiriendo con la directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El 25 de julio de 2022, el Comité de Selección declaró desierta la licitación pública porque la única oferta presentada no cumplió con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, ni la garantía y requisitos contemplados en las bases integradas.

Segunda convocatoria

En la segunda convocatoria se efectuó siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada y agregándose el requerimiento (por separado) de equipamiento para los 59 vehículos (circulinas, pato sirenas y radios base).

Además, el exsubgerente de Obras y Supervisión también modificó (sin sustento) las especificaciones técnicas en este segundo procedimiento de selección, algo que solo una marca de vehículo cumplía y que el exfuncionario limitó la participación de proveedores de otras marcas, al no aceptar las modificaciones que solicitaron durante la etapa Absolución de Consultas y Observaciones.

Lo citado líneas arriba fue presentado por la empresa concesionaria de la única marca que sí cumplía con todas las especificaciones técnicas modificadas, la cual ganó la buena pro a pesar de que su oferta no debía ser admitida, porque no cumplía con el segundo requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave.

Asimismo, la oferta para el equipamiento de los vehículos de la empresa que ganó la buena pro tampoco debió ser admitida porque incurrió en omisión de información consignada en formatos y declaraciones juradas que contienen el plazo ofertado, y que según el literal a) del numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no es materia de subsanación.

Es de precisar que, según las constancias de transferencias, el último pago efectuado a la empresa concesionaria se realizó el 23 de diciembre de 2022; por lo tanto, las tarjetas de propiedad y placas de rodaje de los 59 vehículos debieron ser entregadas el 22 de enero de 2023 más no el 13 de febrero y solo para 46 vehículos. Las 13 unidades restantes continuaron paralizadas por falta de documentos de circulación hasta abril último, según informe.

Medidas

Por todo lo expuesto, el informe identifica presunta responsabilidad penal, administrativa entidad y administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría en los exgerentes de Obras Públicas, de Seguridad Ciudadana, en los exsubgerentes de Abastecimiento, de Seguridad Ciudadana, de Obras y Supervisión, así como en el presidente titular y suplente, primer y segundo miembro del entonces Comité de Selección de los dos procedimientos (licitación pública y adjudicación simplificada).

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