La designación del militante de Alianza Para el Progreso (APP) Frank Sánchez Romero como representante de la sociedad civil en el directorio de la empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) ha puesto en evidencia un caso más de presunto copamiento político de APP y su líder, César Acuña Peralta.
En el nombramiento de Sánchez se habla de un supuesto fraude debido a la exclusión de candidatos con mayor preparación y trayectoria, por lo cual el Congreso de la República ya investiga la designación. El 28 de febrero fueron las entrevistas personales, sobre las que el legislador Héctor Acuña y el sindicato de Sedalib advirtieron que se iba a favorecer a Frank Sánchez. El 19 de febrero de 2025 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) declaró ganador a Sánchez Romero.
Más aún, otro candidato, Héctor Chávarry Rojas, tenía un perfil idóneo para el cargo. Es ingeniero químico con maestría en Ingeniería Petroquímica por la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), además de doctor en Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Trujillo. A pesar de contar con un perfil superior en experiencia y formación, Chávarry fue descalificado.
El Congreso ya ha tomado nota del escándalo y el ministro de Vivienda podría ser citado a explicar cómo se llevó a cabo este proceso supuestamente irregular. Existen serias preocupaciones sobre la influencia política en la designación de cargos estratégicos dentro de las empresas prestadoras de servicios públicos. La transparencia y meritocracia parecen haber sido reemplazadas por los favores políticos y el tráfico de influencias.