El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, pidió a los regidores del Concejo Municipal aprobar la ordenanza que dispone la Fiscalización del Servicio de Transporte Público de Personas en la Provincia, bajo apercibimiento de iniciar ‘acción constitucional de cumplimiento’, mecanismo judicial para exigir el cumplimiento de una norma legal o acto administrativo.
Para ello, a través de la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Trujillo envió la carta N° 10-2024-MPT-A a todos los integrantes del Concejo Municipal, para su conocimiento y fines pertinentes.
En ella, de conformidad con lo previsto en artículo 67, 68 y 69 de la Ley N° 31307 “Nuevo Código Procesal Constitucional”, les requiere que dentro del plazo máximo de 10 días hábiles se cumpla con aprobar la citada ordenanza, en cumplimiento de la Ley N° 27181 – Ley General de Transporte y el Decreto supremo N° 017-2009-MTC, la misma que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte.
¿Qué dice la Ley General de Transporte?
La Ley 27181 – Ley General de Transporte, establece en su art. 11.2 que los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar esta Ley ni los reglamentos nacionales.
En cumplimiento de las normas imperativas, el pasado 11 de diciembre se puso a debate en el Concejo Municipal la aprobación de la ordenanza citada; sin embargo, no se cumplió con su aprobación. Por lo contrario, se derivó a la Gerencia de Transportes de la MPT, para su previa socialización con los gremios de transportistas, constituyendo esto una clara evasión al deber de cumplimiento de la ley.
