
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que todo lo ejecutado y pagado para mejorar la infraestructura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) perjudicaron a la institución por S/. 2,1 millones. Además, lo edificado hasta octubre del 2014 lleva más de diez años en abandono por lo que dos estudios técnicos recomiendan su demolición.
El Informe de Control Específico n.° 033-2024-2-0222-SCE de la CGR identificó presunta responsabilidad penal en dos exfuncionarios de la UNT (2013-2015), por otorgar conformidad y tramitar el pago de nueve valorizaciones sin advertir incumplimientos contractuales tanto del contratista como del supervisor de la obra.

Por ejemplo, en la documentación presentada en cada una de las nueve valorizaciones (seis de ellas pagadas) no se adjuntó el informe de control de calidad, aprobado por la supervisión, que incluye los certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados, documentos necesarios para el trámite de los pagos.
Además, tres de los siete profesionales propuestos por el contratista como plantel técnico para la ejecución de la obra no participaron, e incluso se tramitaron y pagaron valorizaciones sin que determinadas partidas (trabajos) sean ejecutadas en los meses que correspondía y/o con partidas mal ejecutadas (por ejemplo, las instalaciones sanitarias no estuvieron acorde a lo indicado a los planos y otros documentos del expediente técnico).
De acuerdo a la CGR, los funcionarios Segundo Távara Aponte y Segundo Ayala Cabrera, así como los integrantes del consorcio privado Roberto Pinillos Lavalle, Elton Esquivel Campos y Edwin Cabrera Chingay tendrían presunta responsabilidad penal. Es de señalar que tanto el informe de evaluación y diagnóstico estructural de un consultor (2022) como el informe de la Escuela de Ingeniería Civil de la UNT (2023) recomiendan la demolición de toda la estructura construida en el marco de obra.


