Ni la pandemia ha frenado la violencia familiar, al parecer significó todo lo contrario. En lo que va del año, de los 15 932 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país, 1 334 casos corresponden a la región La Libertad, según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Ante ello, la Defensoría del Pueblo en esta región pidió a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el MIMP y a los juzgados de familia, la inmediata implementación de acciones preventivas para la debida protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante los hechos de violencia ocurridos dentro de sus hogares en tiempos de COVID-19.
Según esta institución, en una ocasión anterior ya había advertido dificultades en la atención de estos casos, donde se identificó que la Policía Nacional no informa oportunamente los casos a la Defensa Pública o al Centro Emergencia Mujer correspondiente para el apoyo legal a las víctimas. Asimismo, demoran en remitir los actuados al Juzgado de Familia correspondiente y, en el Poder Judicial se registran retrasos para emitir las medidas de protección en favor de la víctima.
Por ello, la oficina defensorial demandó solucionar estas situaciones y realizar un tratamiento más ágil en favor de la atención de los casos de violencia contra este sector de la población, quienes durante la pandemia y hasta ahora, viven bajo el mismo techo de sus victimarios.