Al menos 14 legisladores de Fuerza Popular, entre senadores y diputados, contrataron en sus despachos parlamentarios a 18 personas que previamente realizaron aportes económicos a sus campañas. Según reveló una investigación del portal OjoPúblico, entre los implicados destacan altos miembros de la Mesa Directiva del Senado: el presidente Miguel Ángel Torres contrató como auxiliar a Nidia Ortiz (quien le aportó S/ 500), mientras que la vicepresidenta Nilza Chacón dio empleo a Francisco León y Edgar Hernández, financistas que inyectaron S/ 7.000 a su candidatura. La senadora Martha Moyano sumó a tres asesores que en conjunto le aportaron S/ 9.120, y Alejandro Aguinaga contrató a su aportante Rosemary Meneses. La nómina naranja se completa con Víctor Flores, Héctor Ventura, Juan Carlos del Águila, Carlos Mesía, César Revilla, Rosangella Barbarán, César Vidaurre, María Ramos, Marco Pacheco y Carmela Paucara.
Esta cuestionable entrega de empleos públicos a cambio de favores de campaña se extiende transversalmente a otras agrupaciones políticas. En las filas de Renovación Popular, el integrante de la Mesa Directiva del Senado, Estanislao Mancha Pinedo, empleó a Rubén Siguairo y Clinton Olguin tras recibir aportes por S/ 2.400 y S/ 1.400, respectivamente. Su colega Miguel Velásquez García contrató a dos financistas que aportaron S/ 2.260 cada uno. En la Cámara Baja, Norma Yarrow y Diego Bazán también incorporaron a sus planillas a colaboradores que entregaron S/ 3.800 en especies.
Por el lado de Juntos por el Perú, los diputados Gabriel Gonzáles Delgado, César Tito Rojas y Jesús Pérez Alccahuamán replicaron el mismo sistema. De los montos declarados por su partido, resaltan los nombramientos como asesores de Reineiro Vilca y José Mendoza, contratados tras inyectar más de S/ 10.000 y S/ 5.000 a las campañas. Finalmente, el senador Serafín Andrés Luján y el diputado Segundo Castrejón Fernández mantuvieron esta misma práctica, evidenciando un mecanismo sistemático en el Congreso donde el financiamiento electoral privado se termina retribuyendo con sueldos pagados por el Estado.
