Según un informe de la SUNAT N° 000015-2020, 158 empresas deben al Estado impuestos no declarados por un total de S/9,256,970,935; lo cual es equivalente al 6% del presupuesto público para el año 2021, el 52% de los recursos públicos asignados a la lucha contra el COVID-19, prácticamente el presupuesto anual del sistema de pensiones y 5 veces más que la deuda de la corrupción fujimorista de los 90’.
Los deudores
Grandes corporaciones como Buenaventura, Scotiabank, Telefónica, Latam, Odebrecht, la clínica Ricardo Palma, Las Bambas, Cerro Verde, Graña y Montero, Lindley, Backus, etc.; ahora apelan a la prescripción para no pagar dicha deuda.
Según SUNAT, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A ha invocado la prescripción de S/2,083,106,484 seguido de Scotiabank Perú SAA con S/1,076,546,420 ; en este orden continúan compañías mineras como: Antapaccay S.A., Las Bambas S.A, Cerro Verde S.A.A entre otras.
Para lograr la prescripción, estas empresas buscan que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421, que los obliga a pagar, sea declarada inconstitucional, según el congresista liberteño Lenin Bazán.
TC debe decidir
“El Tribunal constitucional debe decidir a favor de la sociedad y no de las grandes empresas. Con el dinero de las deudas lograríamos cubrir gran parte del pago a los pensionistas de la ONP, pago a los fonavistas, bono universal y equipamiento en salud para combatir el COVID-19”, sustenta el parlamentario por el Frente Amplio.
«Además, según la lista entregada por SUNAT, una de las principales deudoras es Scotiabank Perú SAA. En este sentido, José Luis Sardón de Taboada, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo hermano, Fransico Sardón de Taboada, es gerente general de Scotiabank Chile; debería abstenerse de votar como ya lo hizo en abril de 2017 en el caso del Exp. Nº 00222-2017-PA/TC, donde Soctiabank Perú SAA era parte», indica el congresista.
“Existen grandes intereses para declarar la inconstitucionalidad de Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421. Blume ya presentó su proyecto de sentencia, favoreciendo a las grandes empresas. Todo ello, a pesar que el Colegio de Abogados ya desistió de su demanda. Además, he remitido un oficio al TC solicitando información sobre si el magistrado José Sardón ha realizado algún pedido de abstención o si éste es de conocimiento del Pleno.”, menciona Bazán.
