El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, quedó en el centro de una controversia tras la publicación de una investigación del semanario «Hildebrandt en sus trece», que le atribuye una intervención decisiva en el desalojo de aproximadamente 100 familias de un terreno ubicado en el sector Torreblanca, en Lima.
El reportaje, elaborado por el periodista Eloy Marchán y titulado «Navarro interviene», sostiene que dos empresas norteamericanas reclaman la propiedad de los terrenos ocupados por las familias. Sin embargo, el contenido completo de las presuntas gestiones diplomáticas no ha podido ser verificado de manera independiente.
Familias denuncian haber perdido sus viviendas
Entre los testimonios recogidos figura el de Luz Macha, una vecina que asegura haber comprado en 2012 un lote de 144 metros cuadrados por 22 mil dólares, dinero que pagó en cuotas mientras construía su vivienda en la urbanización Virgen del Carmen II.
La mujer responsabiliza al diplomático por su situación y cuestiona su presunta participación en una controversia que, según considera, debería resolverse exclusivamente mediante las instituciones peruanas.
El conflicto tiene antecedentes judiciales. El 30 de septiembre, alrededor de 490 familias de Torreblanca enfrentaron un operativo policial de desalojo, según informó Perú21. Los residentes sostienen que adquirieron sus terrenos a la Comunidad Campesina de Jicamarca y cuestionan la delimitación de los predios reclamados por la empresa Total Inmuebles.
¿Qué papel tuvo realmente el embajador?
En 2020, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia que declaró fundada en parte una demanda presentada por Total Inmuebles y otras empresas, reconociendo la vulneración de sus derechos de propiedad y ordenando su restitución.
No obstante, la existencia de esa resolución judicial no demuestra que el embajador estadounidense haya intervenido en su ejecución ni aclara si realizó gestiones ante autoridades peruanas.
La denuncia periodística abre interrogantes sobre el alcance de una eventual participación diplomática en el desalojo y la necesidad de conocer las comunicaciones que habrían respaldado esas gestiones.
Hasta el momento, no se ha podido corroborar una respuesta oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre las acusaciones específicas del semanario. El caso mantiene bajo atención tanto la actuación de las autoridades como la situación de las familias afectadas.
