El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó a Trujillo y anunció la permanencia de 500 nuevos agentes policiales recién egresados en la región La Libertad y la llegada de 150 Dinoes. Esto vuelve a confirmar una verdad incómoda: el Estado actúa cuando la inseguridad ya se ha desbordado y la presión política y social se vuelve insostenible.
No se trata de una política preventiva ni de una estrategia nacional articulada, sino de una reacción tardía ante una crisis que fue advertida con anticipación por autoridades regionales y la ciudadanía. Justamente hoy, delincuentes detonaron un explosivo en una discoteca, mientras se presentaban a los agentes en otro punto de Trujillo.
Durante meses, se alertó sobre el crecimiento de la criminalidad, la expansión de las extorsiones y la alarmante falta de presencia policial. Sin embargo, el Ejecutivo optó por medidas temporales, anuncios sin ejecución y una ausencia de liderazgo claro en materia de seguridad ciudadana. Hoy, cuando la violencia ya se ha normalizado, se presenta la permanencia de 500 agentes como un logro, pese a que la región enfrenta una brecha de miles de efectivos.
La llegada de este contingente, aunque necesaria, resulta claramente insuficiente frente a la magnitud del problema. Además, su permanencia no responde a una planificación sostenida, sino a ultimátums públicos y pronunciamientos firmes desde las regiones, lo que deja en evidencia que el Gobierno Central reacciona solo cuando la crisis alcanza niveles críticos.
La seguridad ciudadana no puede seguir dependiendo de emergencias ni decisiones tomadas bajo presión. Gobernar implica anticiparse, prevenir y actuar con responsabilidad. Anunciar refuerzos cuando el problema ya explotó no es una solución, sino la confirmación de un Estado que llegó tarde.
