El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, planteó que las organizaciones criminales que utilicen métodos de guerra, armamento militar y explosivos sean declaradas «grupos hostiles» para permitir operaciones militares en su contra. Durante sus declaraciones sobre la lucha contra la criminalidad en Trujillo, el funcionario explicó que la propuesta busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas frente a bandas cuya capacidad de fuego supera los recursos habituales de la Policía Nacional.
Belaúnde sostuvo que estas intervenciones podrían estar a cargo de operadores de las Fuerzas Especiales Conjuntas, preparados para ejecutar rescates de rehenes, allanamientos e intervenciones en zonas urbanas. Según explicó, la diferencia frente a las operaciones policiales radica en las tácticas, el entrenamiento especializado, el armamento y la experiencia de combate de las unidades militares. El ministro destacó la preparación de estos equipos para desarrollar acciones de alta precisión contra organizaciones de gran peligrosidad.
La propuesta forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar el crimen organizado. El 21 de octubre, el Senado aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño. Entre los asuntos contemplados figura la modificación del Decreto Legislativo 1095, que regula el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Este cambio permitiría evaluar bajo nuevos criterios la clasificación de organizaciones como Los Pulpos, La Jauría y el Tren de Aragua.
La nueva estrategia también contempla ampliar el apoyo militar a la Policía Nacional y reforzar la vigilancia exterior de los establecimientos penitenciarios. Belaúnde destacó las medidas aplicadas en el penal El Milagro, de Trujillo, donde efectivos militares participan en el control perimetral y de accesos, mientras que la seguridad interna continúa bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Por otro lado, al ser consultado sobre una posible salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos, el ministro descartó esa posibilidad. Según sus declaraciones, el Gobierno no renunciará a la Comisión ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las intervenciones previstas contarán con participación del Ministerio Público.
Aunque el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad de respuesta militar frente al crimen organizado, la aprobación de facultades legislativas no significa que todas las bandas puedan ser consideradas automáticamente objetivos militares. La aplicación de estas medidas dependerá del marco normativo que se establezca y deberá respetar los principios constitucionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
