El caso ‘Operadores de la Reconstrucción’ no solo tendría tentáculos en autoridades nacionales y en Piura, sino también en otras regiones como La Libertad (Trujillo) y Lambayeque.
Según Latina Noticias, un colaborador eficaz confesó al Ministerio Público que el congresista Guillermo Bermejo sí estuvo involucrado en este presunto caso de corrupción en la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios (ARCC), donde dos de sus asesores fueron detenidos.
El relato del Colaborador Eficaz 029-2023-EFICCOP, dado el 23 de agosto, precisa coordinaciones vía WhatsApp que habrían tenido Jaime Jara, asesor de Bermejo, y Yul Valdivia, supuesto asesor bajo la sombra del parlamentario, para buscar ya no solo obras para Piura, sino para Trujillo y otras ciudades.
«En junio del 2022, Jaime Jara le remite vía WhatsApp a Yul Valdivia fotos de la relación de nombres de proyectos de obra para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en Trujillo, Piura, Lima Provincias, Lambayeque, entre otros, que estaban por aprobarse en la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, preguntándole si es que conocía a algunos de esos alcaldes de esos distritos, para que mediante el poder político de Guillermo Bermejo podían viabilizar y lograr su financiamiento, respondiendo Yul Valdivia que buscaría algún contacto de esas municipalidades”, dijo.
Repartija
Además, sostiene que iban a coordinar con los asesores de ARCC y supuestamente les iba a demandar un ‘costo directo’ del 2 % del presupuesto de la obra (’1.5 % para Bermejo y 0.5 % para sus asesores’), por una obra en La Unión, Piura.
Detenidos
Durante el operativo por el caso de ‘Operadores de la Reconstrucción’ se detuvo al exdirector de la ARCC, Robert López López; además de el trabajador del despacho del congresista Guillermo Bermejo, Francisco Jaime Jara Aguirre y Mario Felipe Jair Espinoza Vera. Así como para Mario Espinoza Vera, Máximo Rolando Palacios Lazo, Joseph Luis Lombardi Lizano y Jorge Luis Bernal Barrenzuela.
Para todos ellos, la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravado y lavado de activos en agravio del Estado.