
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte y a la Presidencia del Consejo de Ministros que evalúen la continuidad de Eduardo Arana como ministro de Justicia y Derechos Humanos, debido a la investigación en su contra por el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto».
Raúl Canelo considera que la permanencia de Arana en el cargo es «altamente inadecuada» y compromete la transparencia de tan importante cartera.
El Poder Judicial, a través del juez supremo Juan Carlos Checkley, ha permitido que las autoridades accedan a los registros de llamadas, mensajes y otros medios de comunicación del ministro Eduardo Arana. Según la Fiscalía, en abril de 2018, Arana habría contactado al entonces juez Walter Ríos para solicitarle beneficios a favor de un juez no identificado, con el objetivo de obtener actuaciones favorables para él.
En respuesta, el ministro Arana ha defendido su labor profesional, afirmando que la Fiscalía pretende «criminalizar el trabajo de los abogados» y asegurando que no ha habido comunicaciones irregulares con jueces y fiscales.
Este caso ha generado tensiones entre el CAL y el Ministerio de Justicia, sobre todo con la denuncia que recibió el decano a través de la Dirección de Derechos Humanos. Según Canelo, esta denuncia se produjo luego de que él se reuniera con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para expresar su preocupación sobre ciertas leyes aprobadas por el Ejecutivo. Por ello, Canelo ha calificado esta acción como una «práctica de dictadorcillos», lo que implica que, a su juicio, el gobierno está usando estrategias autoritarias para intimidarlo.