Ejecutivo incluirá a cinco peligrosas organizaciones criminales, en el nuevo registro de «grupos hostiles»

Al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Gobierno implementará un marco legal para modificar la Ley contra el Crimen Organizado.

El Ejecutivo prepara un paquete de medidas drásticas en materia de seguridad ciudadana haciendo uso de las facultades legislativas delegadas por el Congreso bicameral. Entre los decretos previstos para las próximas semanas destaca la creación formal de un registro de organizaciones criminales «que empleen técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas», tales como los ataques con explosivos y la intimidación sistemática. Esta iniciativa se instrumentará a través de una modificación directa a la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), dotando a la Policía Nacional y al Ministerio Público de herramientas jurídicas y operativas más agresivas para su persecución.

Las cinco organizaciones en la mira del Gobierno

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De acuerdo con las proyecciones gubernamentales, el listado inicial de «grupos hostiles» incorporará a cinco de las estructuras delictivas más sanguinarias y transnacionales de la región. El bloque estará integrado por Los Choneros (Ecuador), el Comando Vermelho (Brasil), el Tren de Aragua (Venezuela), sumando a dos organizaciones peruanas de alta peligrosidad: Los Pulpos —cuya cúpula histórica en Trujillo ha estado vinculada a extorsiones, secuestros y minería criminal, y cuyo cabecilla Jhonsson Cruz Torres fue capturado en Bolivia— y La Jauría.

Técnicas especiales de investigación y expectativa oficial

La inclusión en este registro especial habilitará la aplicación inmediata de «técnicas especiales de investigación», permitiendo un seguimiento informático, interceptaciones y operativos de alta complejidad transfronteriza. Con esta estrategia, el Ejecutivo busca cortar el financiamiento, desarticular las redes logísticas y neutralizar el accionar violento de estas bandas que mantienen en zozobra a la ciudadanía, marcando un punto de inflexión en la política de seguridad del Estado.

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