A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador aplicará la cadena perpetua a adolescentes de entre 12 y 18 años que cometan delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. La medida, ratificada por el gobierno de Nayib Bukele, marca un cambio radical en la política judicial del país al dejar de lado el enfoque de resocialización que caracterizaba al sistema de justicia juvenil.
La reforma introduce modificaciones en la Ley Penal Juvenil, el Código Penal y normas vinculadas al crimen organizado, estableciendo que cuando un delito contemple prisión perpetua, esta se aplicará automáticamente a menores, sin margen de decisión para los jueces. No obstante, se contempla una revisión obligatoria de la condena tras 25 años de encarcelamiento.
Uno de los aspectos más polémicos es que los adolescentes vinculados a organizaciones criminales serán sometidos a juicios masivos en tribunales especializados, similares a los procesos aplicados a adultos. Además, cumplirán sus penas en cárceles comunes, aunque bajo un sistema de separación por edades, lo que ha generado críticas por posibles vulneraciones a sus derechos.
Aunque para delitos no considerados de máxima gravedad se mantendrá un límite de hasta 15 años de internamiento, la nueva normativa endurece significativamente el régimen penal juvenil. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para combatir la criminalidad, diversos organismos internacionales han advertido sobre sus posibles consecuencias en la protección de la niñez y adolescencia.
