La diputada Graciela Chipana Condori, de Juntos por el Perú, afronta un juicio oral por el presunto delito de discriminación agravada contra un niño de tres años con trastorno del espectro autista (TEA). El caso fue revelado por el programa Cuarto Poder el domingo 11 de octubre y podría comprometer su continuidad en el Congreso si recibe una sentencia condenatoria firme que implique su inhabilitación.
Los hechos investigados se remontan a abril de 2025, cuando Chipana trabajaba como profesora de Educación Inicial en el colegio estatal San Antonio de Padua, en Moquegua. Según la acusación fiscal, la entonces docente se habría negado a recibir al estudiante en su salón, pese a que su ingreso había sido autorizado por la dirección del plantel.
Audios y testimonios comprometen a la parlamentaria:
De acuerdo con el reportaje, la Fiscalía cuenta con grabaciones en las que Chipana expresa las dificultades que, según ella, implicaba atender al escolar debido a sus necesidades de comunicación. También habría planteado que el estudiante necesitaba una profesora de apoyo individual, conocida como «maestra sombra», cuyo costo la familia no podía asumir.
A ello se suma el testimonio de una auxiliar del colegio, quien declaró que la entonces docente habría cerrado la puerta del aula, impidiendo el ingreso del niño y dejándolo en el patio. Según esta versión, también habría recomendado a los padres buscar otra institución educativa si no podían contratar a una acompañante. La denuncia fue presentada por la directora del plantel.
José Domingo Pérez asume defensa de Chipana:
La defensa legal de la diputada está a cargo del exfiscal José Domingo Pérez y del abogado Aldo Álvarez Hurtado. Pérez sostiene que la Fiscalía interpretó equivocadamente las preocupaciones expresadas por la profesora respecto de las necesidades educativas del estudiante y niega que su actuación constituya discriminación.
Por su parte, Chipana cuestionó el tratamiento público del caso y manifestó que continuará asistiendo a las citaciones judiciales para defender su inocencia. La parlamentaria considera que existe una intención de perjudicar su imagen.
El Ministerio Público solicita una condena penal y la inhabilitación de la legisladora para ejercer funciones públicas. Actualmente, el juicio se encuentra en etapa de actuación probatoria y no existe una sentencia condenatoria firme reportada. Una eventual inhabilitación firme podría afectar su permanencia en la Cámara de Diputados, aunque la decisión dependerá del resultado del proceso judicial.
