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jueves 25, abril 2024

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SENATI Examen de admisión

La Libertad: gobierno regional no estaría cumpliendo con observar antecedentes penales de funcionarios

Región no estaría acatando Ley que prohíbe que existan trabajadores de confianza con sentencia en primera instancia.

Senati Trujillo Perú

Tras la publicación de la Ley N° 31042, aprobada en doble votación por el Congreso, la cual indica que ningún funcionario público en cargo de confianza puede ejercer si tiene una sentencia en primera instancia, el consejero delegado, Greco Quiroz, indicó que el Gobierno Regional de La Libertad no estaría acatando dicha disposición.

«La ley fue publicada el 15 de setiembre de este año y debió ser acatada desde el día siguiente; por ello yo envié un documento el 18 de setiembre para que el gobernador, el gerente general y la jefa de recursos humanos apliquen esta ley. Ha pasado más de un mes y hasta ahora seguimos esperando la respuesta de si ya han pedido los antecedentes penales de todos los trabajadores», indicó el consejero a N60.

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Según Quiroz, en el gobierno regional hay aproximadamente 270 funcionarios que ocupan cargos de confianza, por lo que de no acatar la ley, acudiría a instancias superiores para la intervención y sanciones que correspondan.

«El desacato a una ley está sancionado penalmente, he dicho que voy a esperar hasta el viernes, sino me veré obligado a acudir no solo a la Contraloría, sino también con el procurador y el Ministerio Público, no sé qué tan difícil es verificar los antecedentes penales», expresó el representante por Ascope.

Consejero Greco Quiroz, espera que el Gobierno regional acate la ley. (Foto: N60)

Finalmente, también mencionó que de ocultar información de algunos funcionarios, las autoridades del gobierno regional estarían incurriendo en el delito de omisión de actos funcionales.

«Yo tengo sospechas que esta demora se da porque habría algunos funcionarios que están con sentencia y están esperando al último momento para cesarlos o quieren ocultar información, si es así, el gobernador y sus allegados caerían en el delito de omisión de actos funcionales», sostuvo.

Carta enviada al Gobierno Regional:

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