La masacre en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas y al empresario Jenss Lara Tantaquilla secuestrado y posteriormente liberado, también reveló un complejo entramado de contrataciones públicas ligadas a la minería en Pataz, región La Libertad.
Según un informe de Cuarto Poder, una de las víctimas mortales que se desempeñaba como agente de seguridad de Lara Tantaquilla, figuraba formalmente como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca, empresa que obtuvo la adjudicación de una consultoría de obra pública valorizada en 354 mil soles en el distrito de Tayabamba.
Asimismo, tras la revisión en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el grupo familiar colocó a diversos parientes en empresas contratistas. Es el caso de Luis Steven Campos Tantaquilla y Yimi Gerardo Rojas Tantaquilla, primos hermanos del minero secuestrado, quienes figuran en la Constructora Ohana S.A.C., entidad que acumuló contratos por 3 millones 786 mil soles en el municipio de Chillia. De igual manera, Tantaquilla Contratistas S.A.C., integrada por los tíos maternos Dora Tantaquilla Domínguez, Alberto Tantaquilla Domínguez y Yannino Tantaquilla Domínguez, adjudicó licitaciones públicas por más de 1 millón 383 mil soles.
Para el analista político Iván Arenas, la adjudicación de obras públicas suele ser empleada como un mecanismo de lavado de activos proveniente de la extracción ilegal de oro. En ese contexto, la familia materna de Jenss Lara Tantaquilla logró concentrar contratos con el Estado por un monto acumulado que supera los 11 millones de soles.
