El consejero regional Robert de la Cruz advirtió que el proceso penal que enfrenta desde el año 2020 podría dejarlo fuera de la contienda electoral del 2026 e incluso derivar en una pena de cárcel. El próximo 19 de noviembre continuará la etapa del juicio oral, y estima que en unas cuatro o cinco audiencias adicionales el caso quedaría listo para sentencia hacia finales de diciembre.
De la Cruz explicó que una eventual sentencia condenatoria en primera instancia lo inhabilitaría políticamente, impidiéndole postular a cualquier cargo público. Además, recordó que la pena solicitada en su contra fue incrementada a 6 años y 8 meses, lo que podría significar la pérdida de su libertad. “Si logran vencerme en este juicio oral, voy a responder con la privación de mi libertad”, declaró.
El consejero sostuvo que este proceso, originado en 2020, tomó un giro particular luego de que iniciara investigaciones y denuncias públicas sobre obras inconclusas, pistas en mal estado y presuntas irregularidades en proyectos de salud e infraestructura regional. Relató que en 2023 una fiscal superior dispuso formalizar acusación en su contra, hecho que fue seguido por el cambio de fiscal, un incremento de la pena solicitada y el adelanto del juicio oral.
“Son señales de que algo está pasando”, afirmó al señalar que sus acciones de fiscalización alcanzarían a la gestión del líder político César Acuña. “¿Quién tiene interés en sacarme de la carrera política? Aquellos a quienes venimos fiscalizando por encargo de la población”, agregó.
Consultado sobre si teme quedar fuera de la contienda electoral debido a este proceso, De la Cruz expresó preocupación por lo que considera señales de interferencia en el sistema judicial.
“Estamos advirtiendo que la justicia hoy se está politizando, y eso no puede pasar. El pueblo trujillano lo va a defender”, afirmó.
