Miles de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciaron que extenderán su medida de fuerza hacia un paro nacional indefinido hasta que el Gobierno instale una mesa de diálogo directa con el presidente José Jerí. La decisión se toma tras un paro preventivo de 48 horas iniciado el 26 de noviembre, en rechazo a la propuesta oficial de desactivar el INPE y reestructurar el sistema penitenciario.
La iniciativa del Ejecutivo plantea fusionar el INPE con el Programa Nacional de Centros Juveniles para crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), una entidad que concentraría la administración de penales y centros juveniles. Según el Gobierno, esta reforma busca enfrentar presuntos actos de corrupción y modernizar el control penitenciario.
Sin embargo, los gremios advierten que esta transformación podría derivar en una militarización del servicio penitenciario sin fortalecer la capacitación del personal. Voceros sindicales afirmaron que el problema no radica en la estructura institucional, sino en la falta de control interno y en la continua filtración de objetos prohibidos dentro de los penales.
El Ministerio de Justicia aclaró que la medida corresponde a una «fusión por absorción» y no a una eliminación total del INPE, e indicó que la nueva Sunir absorberá al personal y funciones de ambas entidades. Asimismo, el ministro Walter Martínez presentó ante la Comisión de Constitución un paquete de reformas que incluye endurecer el Régimen Cerrado Especial y restringir beneficios penitenciarios para delitos graves.
Entre las propuestas también figura incorporar un nuevo delito agravado en el Código Penal para sancionar el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones dentro de penales, además de modificar el Código de Ejecución Penal para fortalecer los mecanismos de seguridad en internos de alta peligrosidad.
