Frank Sánchez Romero, candidato del Gobierno Regional de La Libertad (GORE-LL) para integrar el directorio de la empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib), estaría impedido de postular a dicho cargo por cuanto tiene una denuncia en el Poder Judicial, donde dicha empresa es demandante y él es demandado.
Esta situación colisiona con el artículo 62, numeral 7 del Decreto Supremo 016-2021 VIVIENDA, que prescribe como impedimento: “Las personas que sean parte en procesos judiciales y/o procedimientos arbitrales, en trámite, en los siguientes casos: i) iniciados contra la empresa prestadora; o, ii) iniciados por la empresa prestadora o el Ministerio Público”.
En este caso, se trata del Expediente 06149-2021-0-1601-JP-LA—10, que obra en el 6° Juzgado de Trabajo y la materia es por pago de beneficios sociales, donde la demandante es, justamente, Sedalib, mientras que entre los demandados está Frank Eduardo Sánchez Romero.
En la Resolución número 9, de fecha 20 de noviembre de 2023, respectiva al mencionado expediente, se resolvió que el 11 de diciembre de 2023 se realice la vista de la causa a través del sistema de videoconferencia.
Sin embargo, en una declaración jurada, de igual fecha de la videoconferencia, Frank Sánchez asegura no estar incurso en ninguno de los impedimentos que están señalados en el referido decreto supremo.
Da su descargo
Por su parte, Frank Sánchez, quien es también actual gerente regional del Ambiente, señaló que el caso no es un tema penal. “Lo que yo tengo es una demanda en el ámbito civil. Es por ello que hay que saber diferenciar. No estoy con ninguna denuncia por corrupción, por ningún delito”, replicó.
Añadió que la demanda implica a Claudia Chávarri, a Jorge Alfaro y a él. “Pero hay una sentencia del 20 de noviembre, donde se declara infundada la parte de la demanda para Claudia Chávarri y Frank Sánchez, y la empresa Sedalib nunca ha apelado en ese extremo. Nos exime de cualquier tipo de responsabilidad”, acotó Sánchez Romero.
