La Defensoría del Pueblo advirtió que el estado de emergencia por la COVID-19 ha afectado en gran magnitud a las poblaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad, por lo que instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos no se ha adaptado sus necesidades particulares.
La institución aseguró que las clases virtuales brindadas por el Ministerio de Educación (Minedu) no aseguraron la accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Al respecto, se identificó una insuficiente articulación entre el Minedu y las autoridades de los distintos niveles educativos.
Pasa en universidades
Esto se identificó no solo en la educación básica, sino también en la universitaria, donde en un muestreo cualitativo aplicado a 207 personas se halló que 88 % de los encuestados no fueron beneficiados con la subvención del servicio de Internet, dispositivos informáticos o electrónicos (universidades públicas).
En esa misma línea, el 63 % de los encuestados no tuvieron facilidades en la conectividad virtual (universidades privadas) y 89 % de estudiantes con discapacidad auditiva encuestados manifestó que no se implementó la interpretación de lengua de señas.
Asimismo, pese a los esfuerzos por implementar una plataforma virtual de intérpretes de lengua de señas por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el desconocimiento de algunas autoridades sobre la existencia de dicho servicio, motivaron diversas quejas de la comunidad de personas sordas por las barreras de comunicación.
Según la institución, este escenario es provocado por un limitado acceso a servicios que garanticen el ejercicio de derechos, así como por los prejuicios, estereotipos y una precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad.
