El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Roger Ruiz, rompió su silencio sobre diversos temas que marcan el cierre de la actual gestión regional. En una extensa entrevista para Catarsis Política, rechazó las acusaciones de un presunto pacto político con Podemos Perú, defendió la continuidad de los proyectos iniciados durante la administración de César Acuña y Johana Cabrera, reveló acciones contra funcionarios investigados por presuntos actos de corrupción y lanzó un ultimátum a trabajadores.
Rechaza acercamiento con Podemos Perú
Sobre las versiones que señalan un supuesto acercamiento entre el Gobierno Regional y Podemos Perú, Ruiz negó tajantemente cualquier acuerdo político y aseguró que la gestión se encuentra concentrada únicamente en culminar el mandato sin nuevos cuestionamientos. «Nosotros no tenemos ningún pacto con ningún partido. Lo rechazamos categóricamente. Nuestro pacto es con la población«, afirmó. Agregó que el único objetivo es entregar una gestión ordenada antes del cambio de autoridades. «Nos quedan pocos meses de gestión y estamos abocados a cerrar bien la gestión. No estamos pensando en uno u otro partido político«, sostuvo.
10 trabajadores retirados
Uno de los temas centrales de la entrevista fue la lucha contra la corrupción dentro del Gobierno Regional. Ruiz explicó que, tras asumir la Gerencia General, creó un equipo de fiscalización, donde retiró a 10 trabajadores y fortaleció el área de integridad para acelerar las investigaciones internas. Según indicó, estas medidas permitieron detectar presuntas irregularidades que terminaron con la salida de más de diez personas entre funcionarios y trabajadores. «Cuando asumí la Gerencia General implementé un equipo de fiscalización y fortalecí el área de integridad. Les he dicho que si encuentro a alguien robando, lo voy a meter a la cárcel. Yo no le debo el cargo a nadie«, manifestó.
Asimismo, confirmó que dos casos ya fueron denunciados ante el Ministerio Público al encontrarse indicios suficientes para abrir investigaciones penales. Precisó que las denuncias no solo fueron remitidas a la Fiscalía, sino también a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para determinar las responsabilidades correspondientes. «Hemos enviado dos casos a la Fiscalía con las pruebas que encontramos. Si hubiéramos querido ocultar algo, simplemente no denunciábamos«, remarcó.
Caso esposos también fiscalizados
Durante la entrevista también fue consultado por el caso del exgerente de Asesoría Jurídica, Nelson Lozano, y de su esposa, Cecilia Salazar, quienes fueron mencionados por presuntos vínculos con empresas que habrían contratado con el Gobierno Regional. Ruiz confirmó que ambos fueron separados de la Gerencia General luego de iniciarse las investigaciones, aunque aclaró que el caso sigue en manos de la Fiscalía. «Nosotros encontramos responsabilidades y por eso hicimos llegar la denuncia. No puedo adelantar conclusiones porque eso lo determinarán la Fiscalía y la Secretaría Disciplinaria«, señaló.
Sobre Cecilia Salazar, explicó que no fue retirada definitivamente de la entidad debido a que cuenta con un régimen laboral que impide su despido inmediato mientras no exista una sanción firme. «A los trabajadores con vínculo indeterminado no se les puede despedir arbitrariamente. Tiene que culminar el proceso disciplinario y, si corresponde, recién se aplicará la destitución«, precisó.
«Acuña todavía me escribe»
Ruiz Diaz también reveló que el exgobernador César Acuña aún se comunica con él para revisar temas pendientes; sin embargo, descartó que se trate para obras o proyectos.
«Me escribe para preguntarme temas administrativos, hay muchas denuncias de los profesores por el pago de la deuda de derecho de clases. Como la entidad está de mora porque eso lo paga el MEF, hay más de 200 millones de soles en deudas, el Poder Judicial y Fiscalía lo ha denunciado a nombre personal de César Acuña y no de la entidad. Son procesos que arrastra y me pregunta que actuemos. No respecto a obras, sino denuncias que a él le persiguen porque fue gobernador», explicó en N60.
Obras paralizadas
Otro de los anuncios más importantes fue el referido a las grandes obras paralizadas en La Libertad, entre ellas el Hospital de Virú, el Hospital de Otuzco, el corredor vial Huanchaco y la nueva sede institucional. Ruiz responsabilizó directamente a las empresas contratistas por los retrasos, al señalar que presentan problemas de solvencia económica y no han contratado el personal necesario para continuar con los trabajos. «La entidad no les debe dinero. El problema es que son empresas insolventes económicamente y por eso no avanzan las obras«, afirmó.
En ese contexto, anunció que el Gobierno Regional ya envió cartas de apercibimiento a las empresas y advirtió que, de no reactivar los trabajos en el corto plazo, procederán a resolver los contratos. «Julio es un mes clave. Si las empresas no reaccionan, tendremos que cortar de raíz y resolver los contratos, aunque eso implique afrontar arbitrajes«, indicó.
Ruiz reconoció que estas decisiones podrían derivar en procesos arbitrales contra el Gobierno Regional, pero sostuvo que la administración está tomando todas las precauciones legales para defender los intereses del Estado. «Si yo fuera una empresa privada, hace rato los hubiera retirado. Pero en el Estado debemos cumplir los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones«, explicó.
Finalmente, el gerente general descartó cualquier posibilidad de continuar en la próxima gestión regional, independientemente de quién gane las elecciones. Señaló que luego de más de una década en el Gobierno Regional considera que ha cumplido un ciclo en la administración pública. «Gane quien gane, yo no voy a asumir ningún cargo público en el Gobierno Regional. Necesito descansar y evaluar nuevos proyectos«, concluyó.
