Han pasado casi dos meses desde la madrugada del 20 de enero, cuando dos sujetos hicieron estallar explosivos en la sede del Ministerio Público en Trujillo, ocasionando graves daños materiales en oficinas fiscales y hasta 20 inmuebles cercanos, incluida la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).
Sin embargo, las promesas de reparación aún no se concretan, y los estragos del atentado siguen siendo visibles. Tras el ataque, el Ministerio del Interior y la Policía, con apoyo de soldados reforzó la seguridad en los locales judiciales.
Además, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que apoyaría, a los inmuebles afectados con un bono. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan resguardando el Ministerio Público, pero los fiscales y trabajadores siguen laborando en condiciones precarias. La falta de respuesta por parte de las autoridades deja en evidencia el incumplimiento de las medidas anunciadas tras el atentado.